Seguir el análisis y el trabajo de una mujer que fingió ser una persona con tendencias "alternativas", pero que a fin de cuentas es una más del establecimiento. Y ademas que tiene su propio aliado informativo que la defiende de los ataques que ella recibe, y los tacha como "bodegas petristas".
Han pasado más de cien días desde que hablé de su primer mes como alcaldesa de Bogotá, y en algunas cosas exageré, pero eso no me importa. Ya sabemos que se le cayó la máscara de mentirosa rastrera que tiene Claudia Nayibe López Hernández y su señora esposa Angélica Lisbeth Lozano Correa, las dos son mujeres neoliberales que le hacen rosca al Centro Democrático, ya que ellos dijeron que no le harían oposición a su gobierno y que cumpliría con hacerle campaña a Sergio Fajardo a la presidencia de Colombia. Lo peor de todo es que la actual alcaldesa engañó a la comunidad LGTBI siendo mencionadas ocho veces, pero con dos propuestas muy débiles que desde el punto de vista que uno tiene, son muy nulas y es necesario que las concejalas de la Colombia Humana hagan un esfuerzo por reforzar dichas propuestas que se ven en el Plan de Desarrollo.
Las personas que se dejaron engatusar por el discurso “feminista” de la actual alcaldesa en ese entonces, es que ahora están mostrando su arrepentimiento y al mismo tiempo la ven como candidata presidenciable. Es una pusilánime, desde que la conocí en 2017 durante la Feria del Libro de ese año, no me arrepiento de verla a los ojos y saber que siempre tuvo ese plan de la consulta anticorrupción para subir a donde está ahora. Para que decir que hace bien su trabajo, si lo que está haciendo con las familias en Altos de la Estancia en Ciudad Bolívar es denigrante y sin perdón alguno.
Ah, pero... ¿Ustedes quieren saber qué empresas la financiaron en la pasada campaña electoral a la alcaldía de Bogotá? Tengo en mi poder esa información, comencemos:
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES ESTRATÉGICAS: $40,000,000.00
SÁNCHEZ SERRANO & GARZÓN DUQUE ABOGADOS ASOCIADOS SAS: $25,000,000.00
PARTIDO ALIANZA VERDE: $417,000,000.00
MENSULA S.A: $10,000,000.00
FUNDACIÓN BANCOLOMBIA: $50,000,000.00
OVI VENTURES SAS: $4,000,000.00
GRUPO DECOR SAS: $5,000,000.00
MARIO MUÑOZ SAS: $20,000,000.00
SET LABORAL SAS: $25,000,000.00
SERVICIOS ASESORÍA ESPECIALIZADOS SAS: $20,000,000.00
INVERSIONES TCP SAS: $100,000,000.00
RACAFE & CIA SCA: $15,000,000.00
COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR: $75,000,000.00
CHARLESTON HOTELS GROUP SAS: $75,000,000.00
ADMINISTRADORA GUINTIVA SAS: $30,000,000.00
ARESS CORREDORES DE SEGUROS SA: $80,000,000.00
BRP INGENIERIA SAS: $40,000,000.00
RADIO ONLINE COLOMBIA SAS: $15,000,000.00
VALOREM SAS: $50,000,000.00
MERCANTIL COLPATRIA SA: $15,000,000.00
DOYLLER KASSIN INVERSIONES SAS: $10,000,000.00
RENT AND STYLE SAS: $3,000,000.00
En ese mismo listado encontramos 446 usuarios, entre ellas las mencionadas empresas que la financiaron. Sabemos que encontraremos aquí a personas naturales con un historial de contratos dados por el Estado. Y podremos encontrar a gente que hemos visto en periódicos y en la televisión prepaga, ya que ahora Claudia Nayibe tiene su propio noticiero, Noticias UNO, la red ¿independiente? O más bien llamarlo desde ahora Nayibes UNO, la red dependiente. Porque desde el 1 de enero, mismo día de su posesión se les arrodilló por su tibia decisión de no publicar nada en contra de ella y sí atacar a la Colombia Humana diciendo que tenemos “bodegas” según los tibios que residen en Facebook y en Twitter.
Las personas naturales que aparecen con contratos del Estado de esos mismos 446 han salido alguna vez en radio, periódicos y televisión. O pueden ser funcionarios, sea del Congreso, de la Presidencia o de la misma alcaldía. Ustedes no querrán pasarse de listos conmigo porque siempre vienen aquí sin argumentar y sin dar un motivo alguno para prestarles atención. Así son ustedes, los que defienden a una alcaldesa dictadora y rastrera para defender más los negocios que la vida misma.
Entre esos civiles que la financiaron, encontramos a los siguientes personajes:
*Hugo Acero Velásquez (19'447.795): $200.000 pesos, nueve contratos con el Estado.
*Hugo Germán Guanumen Pacheco (9'530.054): $800.000 pesos, un solo contrato en Tenjo, Cundinamarca.
*Ria Clara Castrillón de Velasco o bajo el nombre que aparece en el formato de financiadores como MARGARITA BARRAQUER SOURDIS (39'776.077): $400.000 pesos, un contrato ejecutado en Popayán, Cauca.
*Dimitri Zaninovich Victoria (80'202.083): $300.000 pesos, un contrato con la Defensoría del Pueblo en Bogotá.
*Rocío del Pilar Fajardo Vargas (52'858.969): $250.000 pesos, cinco contratos con la Secretaría de Integración Social.
*David Ricardo González Jiménez (1'020.749.091): $160.000 pesos, un contrato con la Secretaría Distrital de Movilidad.
*Angélica Romero Jiménez (1'014.185.999): $20.000 pesos, dos contratos con la Alcaldía Municipal de Sopó.
*Gustavo Adolfo Chirrolla Ospina (9'137.610): $27,857,77 de pesos, un contrato con el Banco de la República.
*Rocío Tapias Arias: (41'794.542): $20'150.000 de pesos, tres contratos con el Fondo Financiero Distrital de Salud.
*Arturo Calle Calle (2'913.770): $3'000.000 de pesos, 26 contratos con el Estado, pero a este señor hay que perdonarle su aporte a los colombianos que trabajan en sus fábricas y su tiendas de ropa, porque hizo algo bien en esta cuarentena, pagarle sus sueldos.
*Marian Derly Morales Otero (1'130.593.547): $200.000 pesos, un contrato en la Universidad del Valle del Cauca.
*Víctor Manuel Ochoa Paredes (1'113.680.333):$20.000 pesos, cuatro contratos con el Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Palmira.
*Javier Martínez Camargo (91'254.363): $400.000 pesos, un contrato con Ecopetrol.
*Francisco José Bustamante Reyes (80'196.477): $20.000 pesos, tres contratos con el Distrito.
*Alejandra Taborda Restrepo (1'017.134.789): $100.000 pesos, un contrato con la Alcaldía Municipal de Istmina, Chocó. Y su representante legal de la Distribuidora Los Nativos, el señor Yair Valencia Vargas.
* Francisco José Pavia Bermúdez (80'100.197): $100.000 pesos, un contrato con el Ministerio de Transporte.
*María Paula Matiz González (52'619.552): $1'250.000 pesos, cuatro contratos con el ICBF.
*Edith Johana Escobar Bernal: (33'645.533): $20.000 pesos, dos contratos con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA.
*Juan David Laserna Montoya (79'956.902): $50.000 pesos, dos contratos con el Estado.
*Blanca isabel Martínez Gaitán (20'420.687): $300.000 pesos, tres contratos con el Estado.
*Ana Carolina Robles Tolosa (52'816.965): $80.000 pesos, ocho contratos con el Estado.
*Wilson Fabián Sanabria Sierra (1'024.495.989): $211.500 pesos, seis contratos con la Gobernación de Nariño.
*José Leonardo Díaz Molina (9'725.027): $20.000 pesos, dos contratos con el Estado.
*Diego Fernando Arango Melo (1'026.558.025): $20.000 pesos, un contrato con la gobernación de Cundinamarca.
*Marylin Jiménez Chaves (1'032.384.341): $50.000 pesos, cinco contratos con el Estado.
*Tobias Esgardo González Manchego (1'014.206.217): $20.000 pesos, siete contratos con la Secretaría de integración Social.
*Jesús David Cortes Ladino (79'572.210): $20.000 pesos, seis contratos con el Estado.
*César Augusto Rojas Orozco (98'507.189): $50.000 pesos, siete contratos con el Hospital Mental de Antioquia.
*Guillermo Augusto Cuella Ortiz (11'187.263): $33'831.871 de pesos, un contrato por ser asesor de la UTL de claudia López en el 2015.
*Juan Diego Quintero López (79'364.037): $200.000 pesos, dos contratos con el Estado.
*José Miguel Gil Flórez(79'125.703): $50.000 pesos, un contrato por publicidad en Risaralda, acompañando de su representante legal Carlos Alberto Rodríguez Giraldo.
*Marelbi de Jesús Agattón Barros (51'919.526): $50.000 pesos, un contrato con la Defensoría del Pueblo.
*Germán Castro Villamil (19'265.476): $2'000.000 de pesos, un contrato con la Secretaría de Gobierno.
*Yenny Marcela Ramos Macías (1'016.014.727): $50.000 pesos, un contrato con el SENA.
*Elena Isabel Cristina Arroyo Andrade (52'622.154): $20.000 pesos, un contrato con el Instituto Colombiano de Antrpología e Historia.
* Aurelio de Jesús garrido Bohórquez (7'921.575): $20.000 pesos, un contrato con el SubRed integrada de Servicios de Salud Norte, Unidad de Servicios de Salud Usaquén.
*Héctor Fabio Cardona Gutiérrez (79'143.860): $35'823.870 de pesos, tres contratos con el Estado.
*John Sudarsky Rosecubaum (17'164.496): $5'000.000 de pesos, un contrato con la Alcaldía Municipal de Bucaramanga.
*Ana María Ruiz Perea (34'550.265): $31,841,774 de pesos, tres contratos con el Estado.
*Reinaldo José Bernal Velásquez (79'751.241): $50.000 pesos, un contrato con el ICFES.
*Luis Felipe Madelo Agudelo (80'216.608): $100.000 pesos, tres contratos con el Fondo de vigilancia y Seguridad de Bogotá.
*Maritzha Cecilia Sandoval Escobar (39'540.753): $100.000 pesos, dos contratos con el Estado.
*Manuel Sebastián Camargo Betancourt (1'022.359.685): $20.000 pesos, tres contratos con el Estado siendo representante legal de la empresa C&B Papeles de Colombia SAS.
*Elio Raúl Ramos Jiménez (80'211.276): $20.000 pesos, un contrato que tuvo con Colpensiones en 2016.
*André David Nontien Núñez (1'015.404.610): $50.000 pesos, cuatro contratos con el Estado.
*César Augusto Torres López (3'020.959): $100.000 pesos, un contrato con la gobernación de Cundinamarca.
*Clara Inés Sánchez Arciniegas (51'603.080): $100.000 pesos, siete contratos con el Estado.
*Mario Andrés Vélez Castaño (80'502.651): $20.000 pesos, dos contratos con el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal.
*Humberto Alfonso Galvez Miranda (8'731.285): $5'000.000 de pesos, tres contratos con el Estado.
*Claudia Patricia Coca Galeano (51'868.202): $100.000 pesos, cuatro contratos con el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático.
*Luz Irene Caballero Rubio (52'711.581): $50.000 pesos, un contrato con la Superfinanciera.
*Carlos Roberto Torres Parra (79'593.216): $20.000 pesos, dos contratos con la Universidad de Caldas, en Manizales.
*Natalia Ramírez Jaramillo (52'622.475): $50.000 pesos, un contrato con el Ministerio de Educación.
* Jorge Andrés Valencia Serna (14'802.233): $20.000 pesos, dos contratos con el SubRed integrada de Servicios de Salud Norte, Unidad de Servicios de Salud Usaquén.
*Kelly Patricia de los Reyes Fortich (22'590.865): $20.000 pesos, cuatro contratos con la Secretaría Distrital de la Mujer.
*Sandra Liliana Camargo Salamanca (52'442.841): $20.000 pesos, un contrato con el DANE.
*Edna viviana Herrera Rodríguez (52'751.129): $50.000 pesos, cuatro contratos con la Secretaría Distrital de Ambiente.
*Jorge Hernán González Gutiérrez (79'156.366): $80.000 pesos, un contrato con la Artesanías de Colombia, ya que es un fotógrafo y representante legal de Zona Fotográfica SAS.
*Juan Manuel Caro González: (79'612.197): $100.000 pesos, un contrato con la Secretaría de Integración Social.
*Camilo Andrés Simbaqueba Moreno (79'708.879): $20.000 pesos, un contrato con el SENA.
*Herman Redondo Gómez (13'812.260): $100.000 pesos, seis contratos con el Estado.
*Jaime Eduardo Matute Hernández (91'278.455): $500.000 pesos, un contrato con la Fundación Empresas Públicas de Medellín.
* Paula Marcela Acevedo Botero (53'076.894): $20.000 pesos, un contrato con el Fondo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
*María Adela Donadio Copello (32'540.877): $1'000.000 de pesos, un contrato con el IDARTES, siendo miembro de la Orquesta Filarmónica.
*Javier Adolfo Coronado Lesmes (7'335.406): $50.000 pesos, ocho contratos con el Estado.
*María Paula Dueñas Herrera (1'032.451.816): $50.000 pesos, tres contratos con el Estado.
*Ana María reyes Ortiz (1'136.881.902): $20.000 pesos, dos contratos con el Estado.
*Claudia Sofía Sarasty Rosero (37'000.056): $20.000 pesos, dos contratos con el Estado.
*Jorge Andrés Mejía Barco (9'847.235): $50.000 pesos, tres contratos con el Estado.
*Michael Antonio Romero Guerrero (1'048.846.645): $20.000 pesos, un contrato con la Alcaldía Municipal de Úmbita.
*Carlos Devia Rojas (14'297.163): $20.000 pesos, tres contratos con el Estado.
*María Stella Baracaldo Méndez (21'003.404): $100.000 pesos, trece contratos entre el Distrito y el Estado.
*María Dive sánchez Rangel (39'007.848): $100.000 pesos, un contrato con el Ministerio de Transporte.
*Kelly Isbel Celis Bedoya (53'007.838): $50.000 pesos, doce contratos con el Estado.
*Jhon Sebastián Cancino Lombo (1'020.771.433): $20.000 pesos, dos contratos con las Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP.
*Martha Elisa Lasprilla Michaelis (41'536.892): $500.000 pesos, once contratos con el Estado.
*William Alberto Robles Fonnegra (79'430.220): $100.000 pesos, seis contratos con el Estado.
*Edgar Andrés López Salamanca (80'843.494): $100.000 pesos, cuatro contratos con el Estado.
*Karen Tatiana Godoy Caicedo (52'777.981): $100.000 pesos, un contrato con la Agencia Nacional de Tierras.
*Viviana Marcela Barón Barrera (1'032.411.598): $20.000 pesos, tres contratos con el Estado.
*Albert Damián del Castillo Pasos (75'096.539): $50.000 pesos, dos contratos con el FONADE.
*María Victoria Villegas Correa (43'065.545): $20.000 pesos, cuatro contratos con el Estado siendo ella representante legal de Iwana Green Group.
*Miryam Guerrero Ortiz (39'522.230): $50.000 pesos, un contrato con la E.S.E. de San Cristóbal en Bogotá.
*Jorge Enrique Santana Arango (79'243.167): $50.000 pesos, dos contratos con el Estado.
*Jorge Andrés Largo González (79'878.096): $50.000 pesos, 21 contratos con el Estado.
*Aura María Escamilla Ospina (1'032.367.105): $50.000 pesos, siete contratos con el Distrito.
*Ulia Nadehzda Yemail Cortes (52'159.398): $500.000 pesos, dos contratos con el Estado.
*Milton Javer Bolaños Zambrano (1'085.248.305): $50.000 pesos,
ocho contratos con el Estado.
*Manuel Guillermo Bonilla Muñoz (19'305.181): $50.000 pesos, dos contratos con el Estado.
*Diego Armando Olarte Grosso (80'095.181): $50.000 pesos, cuatro contratos con el Estado.
*Bernardo Pérez Salazar (19'311.397): $100.000 pesos, un contrato con la Dirección General de la Policía Nacional.
*María Clara Henríquez Guarín (35'464.480): $50.000 pesos, tres contratos con el Instituto Caro y Cuervo.
*Anderson Arturo Galeano Ávila (1'010.160.993): $400.000 pesos, siete contratos con el Distrito.
*Juan Guillermo Gómez Gómez (94'430.374): $100.000 pesos, dos contratos con el Estado siendo representante legal de Agofer S.A.S.
*Norberto Duarte Tellez (79'400.822): $20.000 pesos, un contrato con la Rama Judicial.
*Ligia Patricia Laverde Jiménez (1'104.698.435): $20.000 pesos, un contrato de 2015 con la E.S.E. Hospital de Meissen Nivel II.
*Óscar Manuel Lopera Munera (1'128.449.912): $30.000 pesos, un contrato con el SENA en Itagüí, Antioquia.
*Crstian Mauricio Tovar Jiménez (1'019.065.752): $50.000 pesos, dos contratos con el IDU en Bogotá.
*Estos datos fueron proporcionados por la página del SECOP, si usted duda de la información es porque es un miserable tibio, y será que mejor no haga nada. Si se les hace largo leer a estas personas naturales con contratos, por favor salten al siguiente párrafo, es más sencillo que lo hagan y así se evitan la información.
¿Si se dan cuenta de lo que hicieron bogotanos? Yo creo que no, porque ustedes durante cuatro años de gobierno, aprendieron a presenciar como el Consejo Nacional Electoral saboteó e impidió nuestro derecho de revocar a Enrique Peñalosa. Todo eso ocurrió gracias al MOIR, quien desde el principio se infiltró para destruir y dividir la revocatoria de ese personaje en dos. Ése es su propósito, dividir, ganar adeptos y adueñarse de los movimientos políticos.
No llevamos ni seis meses y las cosas en Bogotá y la alcaldesa no tiene interés ni las intenciones suficientes para proteger la memoria de Dilan Cruz que fue destruida en el mismo lugar donde lo asesinaron los monstruos del ESMAD, en vez de llevar comida a las localidades más pobres de la ciudad, el secretario de gobierno y su “activismo” también son responsables de enviar a este grupo tal y como lo hizo en la entrada a Alpes en la localidad de Ciudad Bolívar. Y no solo eso, también se vio esta problemática en el barrio Diana Turbay.
Pero, lo que hizo en los últimos días con el desalojamiento que ocurrió en Altos de la Estancia en la misma localidad 19 de la ciudad bogotana, donde una mujer de nombre Indira Caicedo Zuluaga que al mismo tiempo funcionaria de la alcaldía de Ciudad Bolívar, se viste de negro y tapa su cara con una capucha y también, porque supuestamente está "amenazada de muerte". Esta misma personaje, sin ninguna orden desalojó a miles de familias que construyeron sus casas en ese terreno donde es un parque en realidad. Pero eso al ESMAD ni a la Policía le importa el bienestar de esas familias, y hoy en día los desalojos continúan, mientras la alcaldesa y su esposa se ríen de las desgracias de los más vulnerables.
La gente pide comida, pero son alimentados con garrote y gases lacrimógenos que fueron lanzados desde un helicóptero por orden de la misma alcaldesa, ya que su secretario de seguridad de nombre Hugo Acero no es más que un mentiroso y bueno para nada. Pero de haber salido positivo para ese virus, la situación en Bogotá ya sería mucho peor que la que tenemos actualmente.
Apenas empiece a ejecutarse el Plan de Desarrollo Distrital luego de darse su aprobación en el Concejo de Bogotá, no sabremos que puede llegar a suceder con los más vulnerables en la ciudad. Mirando a nuestro alrededor uno se pregunta ¿Vamos a poder sobrevivir? Ya hay personas que dentro de un año planean su revocatoria, y si ellos conocen los mecanismos de control que nosotros ejecutamos en el gobierno de Peñalosa que nos llevó a recoger firmas necesarias para poder revocarlo de su cargo.
Pero, como siempre hay corrupción en los entes de control donde se defienden entre ellos para mantener su impunidad y la protección de personas importantes, pero Enrique Peñalosa no es más que simple cobarde miserable que le gusta siempre estar en el ridículo así sea estando retirado de la política. Y como éramos dos grupos de revocatoria, nosotros no pudimos conseguir todas las firmas pero el otro grupo superó la cantidad requerida para poder ejercer nuestro a revocar a un alcalde. Lo que no les dijeron a todos, es que gracias al señor Jorge Enrique Robledo Castillo y su secta del MOIR, que aparte de vendeparos, son los verdaderos responsables de vender la revocatoria de Peñalosa y junta a una señora que es vendedora ambulante y sin experiencia alguna en contabilidad, los problemas legales llegaron y así se saboteó el mecanismo ciudadano de revocar a la persona ya mencionada.
Tampoco vamos a olvidar a nuestros enemigos los de Azul Bogotá, el futuro no se revoca, que era dirigido por Andrés Villamizar Pachón, primo del Presidente del Concejo Carlos Fernando Galán, en donde nos hacían propaganda negra, y en respaldo de algunos concejales de la época como lo fue Jorge Torres quien llamó marihuanero a uno de mis compañeros, no fue capaz de retractarse ante esto. Y ahora que está fuera del Concejo de Bogotá, sus amigos están allá haciéndole "morcillas" pero con el actual gobierno distrital. ¿Verdad? Julián Sastoque.
Eso ya fue otro tiempo y ahora Gustavo Merchán quien no se ha vuelto a saber nada de él, fue sancionado por el corrupto Consejo Nacional electoral al haber considerado que no se habían podido justificar unos 70 millones de pesos que fueron donados por Sintratelefonos, sindicato de la empresa de teléfonos de Bogotá. Lamentablemente por personajes como él es que el país no progresa y después de dos años hay que aplicarles limón a esa herida porque al final tuvimos razones para poder tumbar a ese personaje con egocentrismo y odio hacia Bogotá.
¿Ocurrirá una situación así en Bogotá en 2021? Sabemos que va a pasar, sabemos que los uribistas están resentidos con Claudia Nayibe porque su candidato no ganó y salió tan quemado que cuando hice ese directo en Facebook, exponiendo un volante de Miguel Uribe Turbay en llamas, y aquella red social del cual es un medio donde la censura y las chuzadas son diarias porque no les guste que expongamos la verdad absoluta. Tal y como lo expuse ese día cuando el Consejo de Estado le devolvió su curul a la señora Ángela María Robledo Gómez, y ya habiendo regresado a la Cámara de Representantes manifestando que no estaba de acuerdo con la oposición que el señor Gustavo Petro le está haciendo a su amiga la alcaldesa de Bogotá.
Esto no se trata de odios ni de resentimientos ni mucho menos de ser "tóxicos" como nos han venido diciendo la secta de los tibios, es de exponer la verdad sin dejar nada oculto; y pobre el que me llegue a comentar a mis redes sociales buscándome problemas sin querer, porque cuando se les dice algún argumento entonces empiezan a tomar ese papel de que los están "amenazando" de muerte o los están acosando solo por decirles el lugar en el que viven. ¿Quién les manda en primer lugar exponer las ciudades en donde "residen"?
Como recomendación les digo lo siguiente, y saben la obvia respuesta tal y como lo dice en el título. La registraduría ahora en cabeza del ex-magistrado del Consejo Nacional Electoral Alexander Vega, quien tiene influencias con los partidos tradicionales de Colombia sabemos que impedirá que haya una auditoría al software de dicha entidad, aparte de que manipulan las elecciones y compran votos con dinero de narcotráfico con lo que pasó con la Ñeñepolítica, habrá una ciudadanía que pedirá su revocatoria.
Pensándolo bien, nosotros los que empezamos el camino de la revocatoria en Bogotá les decimos a sus ciudadanos que este es el castigo que ustedes los bogotanos se merecen. ¿Por qué? Ustedes no escucharon cuando les dijimos que eran los tres candidatos de Peñalosa contra el progresista de la coalición de Colombia Humana-UP MAIS y que la única opción que ustedes tenían de tener un metro subterráneo era votando por el candidato que regresar los programas de la Bogotá Humana. Pero no, una vez más caen en las mentiras, calumnias, propaganda negra y se dejaron convencer por el discurso feminista de una mujer que fingió ser alternativa, y también engañando a la comunidad LGBTI.
Y ustedes mismos se pusieron la soga al cuello, cuando ganó el pasado 27 de octubre, nosotros tomamos la decisión de desaparecer para ustedes, porque no nos pondremos en la tarea de ayudarlos a sacar a esta señora. Y mientras que Claudia Nayibe celebraba al lado de sus amigas Ángela María Robledo y María Mercedes Maldonado no solo por su triunfo, sino también por haberse infiltrado y haber dividido la Colombia Humana, ya que esos que recibió fueron gracias a esos parias que no querían ver ganar a Hollman Morris. Por muy mal que nos caiga esa señora y eso me incluyendo a mí, es que ustedes bogotanos se merecen este castigo por sus malas decisiones. Porque van a dejar que destruya el hospital San Juan de Dios, hará un metro elevado ilegal y sin estudios, seguirá reprimiendo las protestas ya que fue gracias a ella que se probó ese nefasto código de Policía sancionado en el año 2016.
Castigo que nos harán pagar a todos, cuando vean su propia ciudad destruida, y para ese entonces abandonarán Bogotá porque se va a ver peor que Medellín con el tema del metro elevado. Es una lástima y teníamos otra oportunidad pero ustedes, como los idiotas que son ahora en redes sociales como Twitter piden organizarse para el otro empezar la recolección de firmas; por lo tanto, ellos no lo van a dejar porque no se los van a permitir. Y si pasa esto, tampoco nos haremos responsables si les dicen que no harán nada para tumbar a la alcaldesa de cual ustedes la vieron como “alternativa”.
Buena suerte con eso, porque van a sufrir mucho con esa recolección de firmas y les dirán que no. Así que, ya están advertidos.
