Este establecimiento implementó de todo para seguir reprimiendo a su propio pueblo. Un gobernante como Carlos Lleras Restrepo quiso a sus anchas destruir a todo el que piensa diferente, usando la fuerza bruta y represiva para así atentar contra todo y contra todos.
Tras haber expuesto parte de la historia de este oscuro evento, daremos continuación para así, incomodar a ciertos inútiles que no desean que el país conozca su propia historia. Dado así, que quieren seguir tergiversando a su modo para que les crean, pero eso ya no será de esa manera. Por ende, personajes como María Fernanda Cabal y Miguel Abraham Polo Polo, no son capaces de leer esto, porque su organismo, que desciende de la endogamia, empieza por momentos a colapsar, debido a su bajo coeficiente intelectual, y a sus ridículos argumentos que al final no llevan a nada. Como dije, vamos a continuar narrando estos hechos.
1967
Cinco meses después de haber llegado a la presidencia de Colombia, Carlos Lleras Restrepo inició el mes de enero de 1967, con un Estado de Sitio. Insistió en que se le concedieran facultades extraordinarias, ya que, de lo contrario, tendría que utilizar el artículo 121 de la Constitución de 1886. Todo esto ocurría, mientras que en el campo se ejecutaba una acción cívico-militar en Puerto Berrío, y es asesinado el señor Pompilio Patarroyo, dirigente liberal en Icononzo. Y en la ciudad fueron llamados a consejo de guerra, cinco estudiantes por las protestas contra Lleras Restrepo en la ciudad Universitaria. Y los defensores se empiezan a retirar como protesta que dicho juicio, no es más que una farsa.
Entre el mes de febrero se tomó el puesto de la policía del municipio de Vijagual por el ELN, dando como resultado la muerte de cinco policías. En Ibagué se denuncian todo tipo de torturas a los presos políticos que se encuentran en cautiverio en esa ciudad, donde se menciona que hay más de 200. A un joven, casi niño, le aplican corriente tanto en las orejas como en los dedos, donde también le desfiguran la cara a puñetazos y empiezan a introducir alfileres en las uñas. Es asesinado el dirigente agrario de nombre Rafael García en Cunday. Era el presidente de la Asociación de Agricultores de dicho municipio, mientras que sus asesinos son pertenecientes a la cuadrilla del latifundista Antonio Vargas.
Entretanto, en la ciudad, son condenados tres de cinco estudiantes que fueron acusados ante el consejo de guerra por lo anterior mencionado contra Lleras Restrepo, mientras que el estado congela los fondos del sindicato de Gaseosas Colombiana. Sigue el mes de marzo y el Estado de Sitio es evidente con todo lo que acontece. Las FARC embosca al Ejército, donde 16 soldados son dados de baja, y 8 entre la tropa. Ocurre un asalto al ELN al tren pagador, cerca al municipio de Barrancabermeja, donde ocurrieron los ocho anteriormente. Un sacerdote de nombre Luis Baquero, de la ciudad de Armenia, acusa al capitán Germán Ospina de aprisionar dos campesinos, donde fueron torturados, y después fusilados. Huelga de maestros en los departamentos de Santander y Sucre, pero en Bucaramanga la caballería carga contra los manifestantes y lesiona a varias maestras en el camino. Negación de una personería jurídica a la CSTC (Confederación Sindical de Trabajadores Colombianos). A su vez, son detenidos 300 ciudadanos, entre ellos, varios militantes de organizaciones políticas.
Los meses de abril, mayo y junio se difieren en solo masacres, donde el campesino es detenido por el Ejército, huelgas ilegales en ciudades como Medellín, privación de libertad a dirigentes sindicales, y la solicitud de liberación de presos políticos. También hay que exponer la aprobación de una reforma constitucional presentada por el mismo gobierno, mientras Lleras Restrepo manifiesta que hay una conspiración contra estos, y da la orden de ejecutar una brutal represión en el departamento de Quindío, Risaralda y Norte de Santander; pero, en la cárcel de Cartago se encuentran retenidas más de 300 personas, donde algunas de ellas se encuentran inyectadas con pentotal para arrancarles confesiones.
La iniciación del “Plan Leopardo” contra el territorio Vásquez, destrucción de directivas y sindicatos en la empresa Croydon, implementación de maniobras militares contra los campesinos de la región de Carare, donde 5000 soldados patrullan, requisan e interrogan a los vecinos. Ocurre un paro de maestros de primaria en Antioquia, causado por el incumplimiento de acuerdos por parte del gobierno. Heridos por una balacera de las “Fuerzas del Orden”, manifestaciones reprimidas y varios golpeados a punta de bolillo. Detención de dirigentes obreros como lo fue el señor Adalberto Carvajal, presidente de Fecode; Eliodoro Agudelo, dirigente del sindicalismo cristiano; Carlos Cano presidente de la Asociación de Institutores de Antioquia; Adán Arriaga y Ovidio Herrera miembros del Comité de Huelga de los Educadores. Clausurarían la Universidad Nacional en Bogotá, donde detienen a más de 600 estudiantes. Mientras que cerca de 2000 soldados y 40 tanques ocupan dicha universidad.
Un hombre llamado César Noguera, de la ciudad de Barranquilla, fue detenido y torturado. “Se le acusó de portar volantes de protesta”. En los calabozos del F2 se le introduce en una jaula con perros feroces. El capitán Álvaro Padua lo golpea con la culata del fusil y la cacha del revólver hasta abrirle una herida en el cráneo. “Me punzaron los testículos con arma cortopunzante y, hasta, me amenazaron con aplicarme la ley de fuga”. Dijo la víctima. A su vez, el periodista Alfonso Monsalve, detenido en Bogotá, denuncia coacción y torturas de la justicia penal militar. El mes de julio mantiene el Estado de Sitio, y en el campo la Misión militar norteamericana propone al Ministerio de Defensa, “Sistemas prácticos, técnicos y modernos para erradicar la violencia en el país, métodos que han probado su eficacia en Vietnam”. En maniobras militares en los Llanos Orientales estuvieron presentes los altos mandos militares, el coronel Bradford, jefe de la Misión de la Fuerza Aérea Norteamericana, el Teniente Coronel Robert Van-hom, agregado aéreo, el coronel Valery del Grupo Militar y consejero de la Misión.
Estos mismos mandos militares le negaron el derecho de defensa a los campesinos acusados en Armenia. Entre ellos, el secretario de la Federación de Trabajadores del Quindío, José Helí Largo Rada. Ni siquiera tuvieron derecho a tener abogados y serían defendidos solo por sus propios acusadores, los mismos militares. Se les sindica de ser guerrilleros y auxiliadores. Mientras eso ocurre en el campo, en las ciudades los eventos son diferentes. El VIII congreso de Fedepetrol denuncia detenciones de Domingo Rodríguez, Eliécer Benavides, Orlando Bellucci, así como las detenciones de numerosos dirigentes sindicales independientes por orden de la justicia penal militar. Son detenidos centenares de estudiantes en la Universidad Nacional de Bogotá. Diez de ellos son trasladados a la justicia militar.
De agosto a diciembre ocurrieron muchas cosas. Reconsiderar la manera de levantar el Estado de Sitio, represión de los latifundistas a los campesinos, muerte a punta de garrote, denuncias de amenazas de muerte, juicio a estudiantes por parte del consejo de guerra, ilegalidad de huelgas. Entre esto, el mes de septiembre se convierte en un tormento. ¿Por qué? En ese entonces Alfonso López Michelsen, jefe del MRL de la oposición liberal, ingresó al gobierno y acepta la gobernación del departamento del César. Terror en el Tolima por parte de la Sexta Brigada por parte de un comandante de apellido Matallana, siendo mencionado anteriormente.
Haciendo ataques en Ibagué, asedios en veredas del Norte de ese mismo departamento, buscando la militarización de la Cabecera del Llano y otros sectores, ejecutando el método del terror con el uso de ametralladoras. Haciendo pública la lista de torturados donde diez de ellos conforman dicho acontecimiento, y siendo 2000 campesinos detenidos por ese mismo coronel en tan solo dos meses. Detención de personas que se oponen a este régimen, donde el DAS usa y edita propaganda negra a nombre de los huelguistas para, así, provocarlos. Y creen que todo eso, dañará el nombre de los manifestantes.
Siguen las amenazas a través de esta temática, y los movimientos agrarios, dinero gastado en implementos de represión, desalojos, detenciones y demás atrocidades, con el fin de implementar y mantener todo lo que los partidos tradicionales han defendido, aprovechando también la aprobación de alzas para las fuerzas armadas, en un cálculo de 400 millones de pesos. Y todo eso, mientras denuncian arbitrariedades y condiciones de reclusión inhumanas. ¿Y todo eso en qué terminó? Cerrando el mes de diciembre, con torturas a campesinos en Yacopí, asesinado otro campesino y un dirigente comunista, por una banda al servicio de terratenientes. Y todo eso a la vez, mientras que los Estados Unidos sacan su informe anual de ingreso a Colombia con su “ayuda humanitaria” a los soldados y policías que tanto han perseguido al pueblo colombiano, con un total de $113.600.000 millones de dólares.
1968
Continúa la represión por el gobierno colombiano, y esto se ve en el mes de enero, cuando las fuerzas armadas bombardearon la población de Guacamayas, en el Caquetá, y quisieron ocultar el hecho. Al mismo tiempo cayeron en combate los guerrilleros del ELN Mario Hernández y su compañero Ernesto, dejando en el campo de batalla a tres soldados muertos y varios heridos. (En el libro encontrarán el comunicado que el ELN publicó en ese tiempo). Mientras que, en la ciudad, los trabajadores de “Molino Apolo” denuncian la persecución en la que se ven sometidos por parte de la policía, el Das y el F2, a su vez, el presidente Lleras decreta el aumento del 30% del sueldo de la oficialidad del ejército, y se aumenta la movilización Obrera contra la reforma laboral y el Fondo Nacional del Ahorro. Las movilizaciones en Bogotá y en otras ciudades del país no se hicieron esperar.
Febrero no es la gran cosa porque la paz nunca ha existido. Asesinan en ese mes al señor dirigente de los trabajadores del carbón, Aníbal Poveda, en Sutatausa. La CVM comete atropello contra los campesinos del Medio y Alto San Jorge, con el plan de hostigar a los labriegos, pescadores y aserradores. Dicha entidad participa en las llamadas campañas de “integración popular”, “Plan Andes” y “Acción Cívico-Militar”. En el mes de marzo es violentado a través de la tortura el señor Melencio Ocampo, secretario de la asociación de Amigos del Campo. Sumergido y con la ropa puesta, en agua fría y puesto a trotar hasta hacerle sangrar los pies. Trabajadores de SIDELCA (Petroleros del Catatumbo) protestan contra el gobierno por la persecución desatada contra los campesinos de la región de Tibú. Entretanto, en las ciudades, un policía dio de baja al trabajador Antonio Sepúlveda, en el departamento de Santander, cuando estaba fijando a una pared carteles de propaganda electoral. Varios detenidos sindicados por el estallido de una bomba en los transmisores de la policía de Bogotá. Entre ellos, el agrónomo Alfonso García y el escritor Jorge A. Villegas Arango. Su arresto se debió a la edición de un libro sobre la historia del petróleo en Colombia.
No ocurrió nada en el mes de abril...
Se mantiene el Estado de Sitio en el mes de mayo, y en el campo es torturado y herido a tiros de fusil por el ejército, el señor Alfonso Rojas, en el departamento del Quindío. Cumple ocho meses de detención el dirigente del sindicato de ejidatarios de Ibagué, Juan de la Rosa Guayara. Detenido el secretario del Sindicato de Loteros en esa misma ciudad. Por otra parte, en las ciudades, es asesinado por un policía, un chófer de buses urbanos en la ciudad de Armenia. Hizo un reclamo justo, y en respuesta, le dispararon. Como todos los traquetos del uribismo que solo resuelven sus diferencias, a punta de bala.
Los meses de junio, julio y agosto se vivieron de la siguiente manera:
Junio, surge una denuncia por parte de la Asociación Colombiana de Juristas Democráticas ante el Ministerio de Justicia, denunciando vejaciones y torturas de que han sido parte varios ciudadanos detenidos en Bogotá. La OIT exige la liberación para los dirigentes sindicales colombianos presos por el gobierno. En ese mismo mes, en el sector del campo, el ejército incrementa la represión contra el campesinado en el departamento del Huila, donde fueron detenidos 15 personas, y varios de ellos golpeados y torturados, mientras que son asesinados cinco campesinos en el departamento de Santander. Y en la ciudad, es encarcelado el asesor del sindicato de Energía Eléctrica de Bolívar, en Cartagena, el doctor Rafael Espinoza Castellanos. Abalean estudiantes en Barrancabermeja, dejando dos heridos, siendo niños de primaria.
Julio, y en pleno campo, los trabajadores de la CSTC, en Barrancabermeja, denuncian la existencia de un campo de concentración, donde han sido confinados 150 campesinos por parte de la Quinta Brigada del ejército. En el mes de agosto se evidenció la existencia de más de 300 presos políticos en todas las cárceles del país, y en el campo se expone un enfrentamiento armado con el ejército, donde muere Pedro Hernández Vásquez Rendón, secretario Político del Partido Comunista de Colombia (Marxista Leninista) y Comisario Político del Ejército Popular de Liberación (EPL) en la región noroeste de Colombia. Meses agobiantes para unos seres enfermos de poder que han querido destruir todo a su paso.
Sigue en el mes de septiembre el Estado de Sitio, y se publica una carta escrita por el Papa Paulo VI, donde se denuncia la situación de los presos políticos en Colombia. Por otra parte, los juristas demócratas entregan memorial a los ministros donde se expone lo siguiente: “Hay más de 500 presos políticos víctimas de la persecución y la arbitrariedad de la Justicia Penal Militar. Tratan de vincular a dos abogados al mismo proceso en calidad de sindicados”. Ocurren en las ciudades salvajes torturas que son denunciadas por los presos en las cárceles de La Modelo y La Picota de la ciudad de Bogotá. Donde son amarrados a los árboles noche y día, tomando los alimentos del suelo, donde son arrojadores por sus captores, sin probar siquiera una gota de agua, al mismo tiempo donde son golpeados, entre otras muchas cosas.
Los últimos meses de 1968 no tuvieron nada con respecto a lo narrado, pero octubre presenció la reunión de Lleras Restrepo con los directores políticos de ambos partidos para estudiar la estabilidad de 120 leyes dictadas bajo el Estado de Sitio y se anunció que será levantado siempre y cuando, sean aprobadas en su conjunto, por el parlamento los 120 decretos leyes. Detienen a 24 estudiantes en la Universidad Nacional, y 117 personas detenidas en todo el país bajo la sindicación de pertenecer y auxiliar al Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Noviembre y diciembre presenciaron enfrentamientos con el ejército, en el sitio de “Corcovado” en el municipio de Puerto Berrio, (Antioquia) donde muere el guerrillero del Ejército Popular de Liberación, Luis Eduardo Parra. Varios campesinos son detenidos por presuntos enlaces y auxiliares del EPL. Y en el último mes de ese mismo año, el guerrillero Javier Martínez Salinas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) cae en enfrentamiento con el ejército en el municipio de Tello (Huila). El día 16 de diciembre se clausura el congreso y se levanta el Estado de Sitio. Mientras que el obispo de Buenaventura, Gerardo Valencia, junto a 49 sacerdotes más, reunidos en la Hacienda de Golconda, lanzan un manifiesto haciendo un llamado a la revolución y pidiendo un cambio total en las estructuras sociales y económicas del país, dando a la creación del “Grupo Golconda”.
Sin dejar de lado la “ayuda humanitaria” militar de los Estados Unidos, donde esta vez su gasto anual fue de $2.317,5 millones de dólares, reforzando tanto al ejército como a la policía de Colombia.
1969
Inicia un nuevo año y el final de una década de masacres por parte del estado colombiano. En enero, pese al levantamiento del Estado de Sitio, sigue funcionando los Consejos de Guerra en la ciudad de Neiva, Chaparral y Bucaramanga. Donde se menciona lo siguiente: “Una de las más sórdidas instituciones de violencia y persecución política, los Consejos Verbales de Guerra, prologan sus abusos más allá del Estado de Sitio, levantando a mediados de diciembre pasado”. En el campo todos son acusados por estos mismos consejos donde son condenados. Luego de eso, aparece las listas de los presos.
Lo demás ya se conocerá cuando hayan leído el libro.
En el mes de febrero se expone la vida trágica de Rafael Correa, todo narrado en una publicación hecha por campesinos que se ha vivido desde 1957. Y en las ciudades, las fábricas de Peldar en Envigado, Barranquilla y Zipaquirá, ocupadas por el ejército. Sus obreros están en huelga desde el día 13 de enero. Ocurre un paro cívico en la ciudad de Popayán, y fueron agredidos por la policía los manifestantes, siendo un total de 60 estudiantes detenidos. Pero en Barranquilla, ocurren 25 asesinatos misteriosos, que, durante los últimos meses, hacen temer el reaparecimiento de la “Mano Negra” organización secreta de la policía que ajusticia sin fórmula de juicio. Y en Ibagué se reúnen las jutas directivas de varias organizaciones sindicales independientes como Fedepetrol, Fenaltracar, Frente Sindical Autónomo del Valle, Bloque Sindicales de Antioquia y Santander. Dicha declaración en Ibagué trazó orientaciones políticas fundamentales al MOIR.
Los meses de marzo y abril se dieron a conocer, cuando se recibieron miles de cartas, por parte de los europeos, dirigidas al presidente de la República, solicitándole la liberación de los presos políticos: “Colombia es uno de los países más azotados por la violencia que el imperialismo norteamericano comanda en la América Latina”. Un latifundista en Sumapaz fue acusado de 11 asesinatos y dueño de cuadrilla privada de bandoleros, es condenado a 20 años de prisión. Esto ocurrió en el campo; pero en la ciudad, las protestas de los estudiantes y la ciudadanía del municipio de Lórica (lugar donde nació Alejandro Char Chaljub), por el traslado de la norma agrícola y porque el gobierno les adeuda sumas cuantiosas a los establecimientos educativos. Y las manifestaciones son reprimidas, donde un estudiante fue auxiliado, y después rematado en el suelo de un solo tiro.
Los altos mandos militares torturan a campesinos de Córdoba y Antioquia, declara el señor Carlos Romero, quien estuvo 45 días preso en la ciudad de Montería, donde hay más de 72 presos políticos que han sido, en su gran mayoría, cruelmente torturados, y algunos jóvenes campesinos fueron colgados de los árboles, golpeados en el cuerpo y los testículos. Y el ejército desalojó a los estudiantes de Bellas Artes en la ciudad de Cali. Mientras que un obispo de Medellín ordena a dos sacerdotes abandonar sus parroquias, por haber responsabilizado desde el púlpito a las oligarquías y los gringos de las miserias del pueblo. (Entonces la logia roja también quería encubrir las atrocidades del gobierno colombiano en ese tiempo).
El mes de mayo presencia al señor Hernando Santos Rodríguez, representante a la Cámara, entregar una carta al Procurador General, donde se hace denuncias sobre las torturas a campesinos presos en Montería y denuncia a los oficiales del Batallón Popa de torturar a los campesinos detenidos en el Alto San Jorge y Sinú. En el concejo municipal de Riosucio se denuncia que los latifundistas de la región (Pastor Avendaño, Efrain Gartner, Luis Eduardo Reyes, etc.) son los organizadores de la violencia. De estos sucesos ocurridos en el campo, en la ciudad no hay mucha diferencia. ¿Por qué? El delegado para la América Latina Sergio Nessi, del Comité Internacional de la Cruz Roja, constató torturas físicas y morales a los presos políticos. Visitó las cárceles de La Picota, Neiva, Chaparral, Ibagué, Cartago, Garzón y los detenidos del ELN. Todo lo expuesto aquí fue informado en el Comité de Ginebra, en el cual hará resaltar el hecho de la existencia de cerca de 300 presos políticos en los lugares de reclusión visitados. Al mismo tiempo, se presenció el asesinato de un joven estudiante en la ciudad de Bucaramanga, Gilmar Antonio Malgarejo.
Los meses de junio y julio se evidenció la presencia de un pliego de peticiones en Peldar, declarando el movimiento de carácter ilegal y suspenden la personería jurídica del sindicato. Hasta junio del año 1969, el Instituto Colombiano de Reforma Agraria ha adjudicado 2.751.301 hectáreas, de las que 2.638.531 (El 95%) son correspondientes a tierras de la nación. De un total de 3.361.518 hectáreas adquiridas por el Incora, el 96.7% lo fue por extinción de dominio; el 7.6% por cesión, el 4.0% por compra, solo el 1.7% por expropiación. Por otra parte, surgen nuevas denuncias contra la Justicia Penal Militar. El auditor de la Quinta Brigada manda a detener al abogado Pedro Ardila Beltrán y 20 personas más. Ardila Beltrán, defensor de varios sindicados dentro del proceso penal militar que actualmente cursa ante el Consejo de Guerra. Esto a pesar de que ya ha sido levantado el Estado de Sitio. En el campo crece el número de presos políticos en el país. Hasta el 21 de junio habían sido detenidas 35 personas en Barrancabermeja. En Cartago (Valle) se anuncia encarcelamiento por motivos políticos. Militares deteniendo a dirigentes sindicales en Segovia (Antioquia), persecución contra el campesinado en ese mismo municipio, limitando la compra de comida. Y la patrulla del ejército asesina en Barrancabermeja a un estudiante de nombre Jairo Alberto Osorio.
Y todo eso ocurre en el campo. En la ciudad se evidencia la represión de una manifestación de estudiantes y padres de familia del colegio “Diego Hernández de Gallegos” de Barrancabermeja, dando así con un número amplio de detenidos.
Llega el mes de agosto, y en el campo se expone la detención por parte de las tropas de la II Brigada del ejército al campo de concentración de “El Barrancón” al señor David Borrás, miembro del Partido Comunista de Colombia (Marxista-Leninista) y Comisario Político del Destacamento Ricardo Torres del Ejército Popular de Liberación. Un capitán de apellido Triana le ofrece perdonarle la vida, asilo político y crecidas sumas de dinero a cambio de algunas informaciones, a lo que Borrás se niega. Es sometido a torturas, y luego de eso es finalmente asesinado. Al mismo tiempo, en la ciudad de Ibagué, el ejército dio pie para ocupar el colegio “San Simón”.
En septiembre se destapa el desfalco en 7 brigadas militares que se acerca a los 200 millones de pesos. Donde dos coroneles se encuentran seriamente comprometidos en ese asunto. El hermano de unos de los auditores nombrados para la investigación es asesinado. En el campo mueren 4 miembros del Ejército Popular de Liberación en la región del Alto Sinú “Córdoba” en combates con el ejército. Entretanto, en la ciudad, ocho personas son detenidas por presuntos nexos con el ELN. Es asesinado el estudiante Rómulo Carvalho en Bogotá. Durante el entierro, una bandera del ELN cubre el carro fúnebre, y miles de estudiantes asistieron a la marcha. En Medellín, los días 12, 13 y 14 de septiembre, se realiza el Primer Encuentro Nacional del MOIR exponiendo sus argumentos y opiniones por el cual el gobierno debe escuchar.
Los meses de octubre y noviembre se evidencian con la ley de fuga en el norte del Cauca a dos ciudadanos. Cinco campesinos muertos con las manos amarradas a la espalda por los soldados de la V Brigada en el municipio de Río de Oro (Santander): “Llegaron los soldados, apresaron a los obreros que habían, a mí y a mi esposo. A todos los amarraron con las manos a la espalda, los llevaron y los mataron”. Denuncia que hace la esposa de uno de los asesinados. Declaran ilegales la huelga de constructores de Medellín y la de los obreros petroleros del municipio de Tibú. Por otra parte, en esa misma ciudad, un mes después, jueces superiores, en carta al comandante de la IV Brigada, denuncian que los altos mandos castrenses impunemente presionan, intervienen y extorsionan a la justicia ordinaria. Allanan al Sindicato de Trabajadores de la Hidroeléctrica del municipio de Prado, agentes de la policía llegan a la finca de Julio Ramírez, en Monte Líbano, a aprender a 6 personas y las llevan amarradas. Más adelante, son fusiladas, matando a tres de ellos, y dejando gravemente heridos al resto. En Cali, el F2 aplica la ley de fuga al acusado por el secuestro de la familia suiza Straessle, Argemiro Pérez Castrillón.
Termina el año de 1969 y diciembre expone los siguientes sucesos: Consejo de Guerra del “Siglo” en Bogotá: Son detenidas 85 personas acusadas de rebelión y otros delitos. Son condenados 70 de ellas, 8 de las cuales cumplen penas que suman 144 años de prisión. Es cerrada la Universidad de Antioquia. Todo esto ocurre, y en el campo son asesinados tres ancianos indígenas en la vereda Carrizal de Caloto. Ejerciendo violencia contra los indígenas que buscan desalojarlos de sus parcelas. El EPL ocupó un gran número de unidades contraguerrilleras donde fueron desplazadas de la zona en el municipio de Camparusia (Antioquia), mientras que los efectivos militares despachados a la zona de Campabia, municipio de Dadeiba (Antioquia) en misión de contraguerrilla, donde ocurrieron combates entre el ELN y el ejército, y son detenidos en Santander José A. Rico Valero, por presunta pertenencia al ELN.
Esta vez la “ayuda humanitaria” norteamericana fue de $92.000.000 de dólares, donde también se expone un listado de la dependencia militar de Estados Unidos en el Frente Nacional hasta el año de 1969, publicando cifras sobre compras de armas y entrenamiento militar en la década de los sesenta. También se expone los fondos que los americanos han contribuido para la acción cívico militar, en las cuales han apoyado entre 1962 y 1967, y luego en 1968. Todo esto es lo que quiere el nieto del Basilisco, Enrique Gómez Martínez, junto a su hijo, sin dejar de lado a personas como Natalia Bedoya Rendón, Laura Estefanía Medina Ruiz, María del Rosario Vargas, Juana Eloisa Cataño Muñoz, Josías Fiesco Agudelo, Andrés Portillo, Alejandro Bermeo, entre otras personas, que quieren que la derecha siga gobernando eternamente.
Pero sus intentos desesperados los llevarán a cometer muchos errores, más de los que han cometido en los últimos dos meses. Patéticos.
Continuará.
